Un asunto de políticas públicas, regulación y de decisiones económicas de los Agentes de Distribución de la energía; mas una propuesta de solución.

Al ciudadano común que cuenta con acceso a la energía eléctrica permanente le es difícil comprender y dimensionar el costo de no gozar de este servicio, sin embargo, el que no lo tiene, siente el mundo a cuestas.

La falta de acceso a la energía es una barrera al progreso de las familias, se vuelve una ironía y situación de conflicto, cuando cerca de las poblaciones existe infraestructura eléctrica, una línea de transmisión de alta tensión o hay una planta de generación y no es posible el acceso a la energía para los vecinos, un asunto que amerita la atención para el sector eléctrico de Guatemala;  es el equivalente a que exista una autopista cerca de nuestras casas y no podamos usar ésta para nuestro transporte personal, o exista un gran mercado de productos cerca de casa pero no podamos comprar o vender en él,  aislándonos de la conexión al mundo y de los beneficios de la infraestructura compartida desarrollada, en teoría para el bien común.

Para colaborar con la identificación de vías de solución para las inversiones en electrificación rural que den el acceso a la energía se desarrolla este artículo.

¿Dónde se origina el fenómeno?

La explicación tradicional en Guatemala es que una empresa cualquiera, o las empresas de transmisión o generación de energía no tienen posibilidad de distribuir energía a los usuarios finales de acuerdo a lo que establece la ley; de igual manera la Ley General de Electricidad –LGE- no obliga a las empresas que brindan el servicio de Distribución a instalar redes de Distribución en viviendas que estén ubicadas más allá de 200 metros de la red existente, además que la expansión de redes para electrificación rural debe ser de alguna forma subsidiada debido a su localización, son, entre otras, las justificaciones existentes para no instalar dichas redes.

Las empresas a las que por iniciativa empresarial y contando con autorización del estado, gestionan la distribución, deciden que no es rentable expandir las redes a ciertas comunidades basados en un análisis económico y del derecho, contrastando los costos que incurrirán, versus los ingresos que tendrían según lo establecido en las oportunidades, obligaciones y derechos que brinda la regulación actual, y por supuesto, no internalizan el costo social que representa la falta de acceso a la energía.

Algunos puntos para conectar:

Existe implícitamente una responsabilidad compartida entre los agentes de mercado de la distribución eléctrica y de aquellas instituciones que definen y ejecutan la política publica de acceso a la energía a la población; resultando también implícitamente una propuesta de solución, mejor ejecución de las políticas publicas y la reacción coherente de las empresas dedicadas a ese rubro.

Una noticia – en evolución- en los últimos meses, que da un respiro de aire fresco a la situación, es que han surgido instrumentos regulatorios que dan luces para indicar que las barreras para el acceso a la energía tradicionalmente conocidas pueden ser superadas.

Concurren instrumentos regulatorios emitidos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE- que facilitan la consecución de los proyectos de electrificación rural y su reconocimiento en las tarifas eléctricas, siendo un mecanismo regulatorio establecido en el Reglamento de la Ley General de Electricidad –RLGE- el que permite la ampliación de las redes de  Transmisión por medio de licitaciones, y el precedente realizado por el Ministerio de Energía y Minas – MEM- en el Plan Nacional de Expansión del Transporte – PETNAC-, lo confirma.

Con evidencia que las licitaciones funcionan armónicamente con la regulación, se puede determinar un mecanismo en la misma línea para encontrar los costos eficientes que deben pagar los usuarios del sistema de transmisión, lo cual podría ser extensivo a la distribución.

Por otro lado, considerando que los medios deben conducir a los fines, es de tener en cuenta que la ampliación de la red de transmisión, y particularmente el PETNAC tiene como objetivo impulsar también la electrificación rural, esperado que los actos subsecuentes del MEM en materia del desarrollo de infraestructura sean congruentes para alcanzar de forma eficaz dicho objetivo, de forma que se refuerce este eslabón pendiente en la cadena.

Dado que ésta última no se está desarrollando por el aparente nivel irreal de costos eficientes que reconoce la CNEE para fijar el pago en la tarifa a los distribuidores, se propone que estos costos puedan ser conocidos y fijados a través de mecanismos de licitaciones publicas para las obras de la electrificación rural – de manera similar a lo establecido para las obras de transmisión -.

Lee la segunda parte: